Informe de CC OO
El sindicato denuncia las condiciones casi esclavistas de los 3.500 internos que trabajan desde la cárcel.

El Estatuto de los Trabajadores establece que el trabajo en prisión es una relación laboral de carácter especial y, por ello, se regula con una legislación propia. Un estudio elaborado por CC OO sobre la situación actual de Instituciones Penitenciarias recuerda que la finalidad esencial del trabajo desde la cárcel es la preparación del recluso para su futura inserción laboral, por cuya razón ha de estar además conectado con los programas de formación profesional ocupacional que se desarrollan en las carceles.

Sin embargo, el análisis que ha realizado el sindicato de la situación que viven en la actualidad los 3.500 internos que trabajan para empresas de diferentes sectores productivos no siempre responde a esos principios.

Con la transformación juriídica del Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo en Entidad Estatal de Derecho Público (EETPFE), en febrero de 2015, CC OO denuncia que la Administración dio un paso más hacia la privatización del trabajo remunerado. El objetivo parece claro, convertir los talleres productivos en empresas que generen beneficios, asegura.

Así, esta entidad gestiona directamente los talleres de producción propia que tienen como especialidades principales la confección industrial, la carpintería metálica y las artes gráficas. Dentro de esos talleres, existen unos que son desarrollados por empresas y otros gestionados por empleados públicos penitenciarios, los conocidos como maestros taller. Dentro de estos últimos se incluyen, por ejemplo, los de confección industrial de los centros penitenciarios de Segovia, Topas, El Dueso o Soto del Real. En ellos, los internos se dedican a la fabricación de uniformes para funcionarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penintenciarias.

Bajos salarios

Desde CC OO explican que ese cambio juridico de organismo autonomo a entidad estatal viene a reforzar el caracter mercantilista que la Administracion quiere dar al trabajo remunerado en prisiones y convertir a las mismas en un nicho de negocio para las diferentes empresas y la propia entidad estatal de derecho público.

En contraposicion a este modelo, el sindicato defiende un modelo de gestion directa por parte de trabajadores publicos de las prisiones donde el trabajo remunerado sea un elemento mas del tratamiento y no se gui­e por criterios economicistas.

El informe rechaza que la Administracion Penitenciaria ponga a disposicion de las empresas sus instalaciones, asuma gastos corrientes como la luz, el agua, aporte las empleadas y empleados publicos para el mantenimiento de las instalaciones, el control y seguridad de las mismas y, por ultimo, facilite la mano de obra en condiciones casi esclavistas. Esta es la realidad, denuncia CC OO, de las empresas en Instituciones Penitenciarias: muy alejada de los fines constitucionales de reinsercion y con un objetivo claro de obtener las maximas plusvalias en unas condiciones de produccion mas ventajosas.

Estamos ante un caso claro de dumping social de competencia desleal, inasumible dentro del marco juridico actual, que ha supuesto una precarizacion de las condiciones de los trabajadores que compiten con las empresas instaladas en los centros penitenciarios, asegura el estudio. De hecho, cita el caso de compañias que mientras contrataban a internos con costes laborales muy bajos, llevaban a cabo expedientes de regulacion de empleo (ERE) a sus trabajadores fuera de la prision. Hoy esta posibilidad ha sido corregida y prohibida por ley.

En opinion de los expertos que han realizado este informe, sin duda el elemento mas alarmante es el salario que reciben estos empleados privados de libertad. La Ley Organica General Penitenciaria establece que su remuneracion debe ser conforme al rendimiento, categoria profesional y clase de actividad desempeñada y ademas ese salario debe cuidar de que las personas que lo cobren contribuyan con esos ingresos al sostenimiento de sus cargas familiares y al cumplimiento de sus restantes obligaciones. Pero, en realidad, las comprobaciones efectuadas corroboran que no se les aplica el salario establecido en el convenio colectivo de la actividad a la que pertenecen y tampoco se les remunera con cargo al salario mi­nimo interprofesional (SMI).

De esta manera, la entidad estatal es la que establece el sueldo de estos trabajadores. En 2015, la hora estaba entre los 2,59 euros del grupo I (economato y actividades auxiliares), entre 3,66 y 4,39 euros del grupo II, segun fuese operario base o superior y entre los 3,77 y los 4,51 del grupo III.

CC OO denuncia, ademas, que se hace necesaria una regulacion mas estricta de los horarios y exige a las juntas de tratamiento de las carceles que garanticen el acceso al trabajo remunerado a las mujeres en un numero que recoja el porcentaje de feminas en el centro.

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