La otra dispersión: el 25% de los presos está fuera de sus comunidades autónomas

EL MUNDO (RAFAEL J. ÁLVAREZ).-

Son presos sin telediarios, familias con pancartas de tinta invisible, gente al margen. Son uno de cada cuatro. Reclusos (y reclusas) que cumplen condena fuera de su comunidad autónoma, el 25% de los internos que hay en España. O de su provincia, más o menos la mitad.

Son personas encarceladas en otros mapas. Más de 14.700. Es decir, algo más habitual de lo que parece cuando se habla sólo de miembros de ETA o de políticos catalanes.

Los presos de esta historia son reclusos anónimos. Y también sus familias, que consumen sus sueldos, su paro, sus pensiones y sus apreturas en kilómetros, hostales e insomnio para visitarlos. Ven a sus hijos, padres o parejas cuando las visitas salen bien, la carretera no es un accidente y el dinero da para el tren, el bus o el pirata. El coche pirata.

«Pagábamos al pirata y nos acercaba a la prisión de Huelva donde no llega el autobús. Pero con la pensión de 525 euros no me da, así que ya no veo a mi hijo», cuenta Pepa.

«Yo no trabajo, ni cobro pensión. Tengo diabetes y depresión. Casi no salgo de casa. Me cuesta. No tengo fuerzas ni dinero. Como para coger el avión desde Tenerife a la prisión de Cádiz. Hace mucho tiempo que no veo a mi hijo», suelta Olga.

«Yo vivo en Las Palmas y mi hijo está ahora en Palencia. Cuando estuvo en la cárcel de Burgos pude ir a verlo, pero con la crisis todo es más difícil. Yo no tengo dinero, ni conozco a nadie en la Península. Y hay que pagar el avión, el hotel y los gastos. Imposible. Llevo cuatro años sin ver a mi hijo», remata Rafaela.

Son presos comunes que cumplen clausura más allá. Son internos muy externos. Ningún lehendakari, ni president, ni gobernante piden su acercamiento. Son presos desterrados. Es la otra dispersión.

El último dato oficial lo ha obtenido la representante de Podemos Isabel Mora Grande. A mediados del año pasado, esta senadora hizo una pregunta al Gobierno. Y éste, en su contestación del 2 de octubre de 2017, aportó las cifras que dibujan este mapa de la dispersión.

La mayoría de los 59.000 presos que hay en España cumple condena en sus CCAA. Sin embargo, el 25,4% está fuera de su región.

Esa es la media, porque hay lugares en los que el alejamiento es lo normal. Por ejemplo, en Ceuta, donde hay menos presos de dentro de la ciudad que de fuera: la mayoría de reclusos ceutís cumple condena en la Península o en Baleares. O el caso de Castilla-La Mancha, donde casi la mitad de sus presos está en otras CCAA. Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja, Murcia o Melilla también superan la media nacional de este destierro legal.

¿Por qué se aleja a los presos?

El Gobierno asegura que la decisión depende de la Administración Penitenciaria y que tiene en cuenta «el grado de tratamiento propuesto (primero, segundo o tercero), el tipo de condena, la edad, su pertenencia a banda delictiva o el tratamiento a aplicar». Según el Estado, «el destino se adopta en función del centro que mejor responda al tratamiento que requiere el interno».

No es lo que dicen los colectivos que trabajan con reclusos. Como la Asociación Pro Derechos Humanos-Andalucía (APDH-A). «La dispersión se utiliza como sanción encubierta. Es una amenaza muy efectiva; los presos lo único que intentan no perder es el contacto con sus familias. Al final, cumplen los familiares la pena de tener que desplazarse cientos o miles de kilómetros por algo que no han cometido».

Habla Valentín Aguilar, coordinador general de la APDH-A. Este abogado subraya que no hay criterios públicos que regulen el acceso a las plazas, «como que el interno sea enfermo mental o tenga cargas familiares, o que los familiares tengan baja capacidad económica, enfermedad o edad avanzada». Y dice que no se puede recurrir: «La competencia es de la jurisdicción contenciosa administrativa, por lo que la sentencia puede recaer años después, con el preso ya en la calle».

Rafaela y Ángel han hecho menos kilómetros que sus cabezas. Su hijo Ruimán, cazado por la droga y la cárcel desde los 16 años en su Las Palmas natal, ha probado las celdas de Cádiz, Madrid, Galicia… y ahora Palencia. Hace años, Rafaela no llegó a la hora de visita por minutos. «Les dije que había venido de muy lejos y que no me movía hasta que pudiera ver a mi hijo. Cuando lo trajeron venía amarrado de manos y pies, con cuatro guardias. Tenía puntos en la ceja, un ojo y un brazo morados, y heridas en la pierna y la rodilla. No sabía expresarse, estaba asustado como un niño. Era inhumano. Se me cayó el mundo encima. Estuve dos noches sin dormir».

– ¿Y por qué lo cambian tanto de prisión, Rafaela?

– Porque se defiende, no deja que le humillen. Y le castigan así. Él no es un terrorista, ni ha matado, ni ha robado bancos, ni ha violado. Es un enfermo que ha delinquido por ignorancia para consumir. Yo no digo que esté en libertad, sino que lo traigan a Las Palmas. Aquí está su familia. Yo sólo quiero tenerlo cerca.

El destierro crece por provincias

El problema de la dispersión no se ciñe al alejamiento de la comunidad autónoma de residencia del recluso. Cuando se acerca la lupa y se mira la situación por provincias, el problema se agrava. La Asociación Pro Derechos Humanos-Andalucía, que ha medido en algunas ocasiones este tipo de dispersión no política, afirma que el número de personas privadas de libertad que cumplen condena fuera de su provincia es cercano al 50% como media nacional. «Es una cifra altísima que se agrava en comunidades autónomas de grandes dimensiones», asegura Valentín Aguilar, coordinador general de la asociación.

Así, la APDH-A pone el foco en Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias y Baleares por las distintas islas, o Castilla y León, donde el alejamiento provincial es muy alto. «Los internos pueden estar separarados hasta 500 kilómetros, como en los casos de Almería y de Huelva».

Aguilar: «El problema es más global de lo que parece».

 

A %d blogueros les gusta esto: