Entidades sociales que trabajan en el ámbito penitenciario exigen atención integral para un colectivo muy elevado
JAIONE SANZ – Sábado, 10 de Octubre de 2015 – Actualizado a las 06:13h

Un preso ajeno a esta información mira a la calle desde una ventana.
VITORIA- Durante mucho tiempo fue el sida. Ahora, el desafío sanitario en las cárceles es la enfermedad mental. Dicen las encuestas que casi la mitad de los condenados la padece. Haciendo cálculos, unos 600 en las prisiones vascas; la mayoría de ellos, por ser la presión con más plazas, tras las rejas de Zaballa. Gente con ansiedad, depresión, problemas de personalidad y, en aproximadamente cien de esos casos, con perturbaciones realmente graves. Personas que afrontan sus condenas sin la atención integral que necesitarían porque faltan recursos. Y para cuando su pena termina y salen a la calle, la reinserción social es un sueño inalcanzable. Y sucumben al abandono, la mendicidad y la reincidencia, inmersas en una incongruente espiral propiciada por el propio sistema, que no ofrece la asistencia sanitaria que permitiría interrumpir al fin esa rueda. Pero poder se puede.

O eso dice Esen. Es el acrónimo de Espetxe Sarea Euskadi-Nafarroa, una plataforma que reúne a entidades y organizaciones sociales del ámbito carcelario dedicadas a gestionar programas de intervención intra y extrapenitenciarios de diversa índole en las dos comunidades, como la Comisión Anti-Sida de Álava. Ayer, en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, efeméride que se celebra bajo el lemaPonte en mi lugar. Conecta conmigo, advirtió de la urgente necesidad de ofrecer la mejor atención posible a los presos que padecen trastornos mentales, que ésta se realice en el ámbito comunitario teniendo especialmente en cuenta sus necesidades y las de sus familias, con actuaciones coordinadas e integrales por parte de los sistemas judicial, sanitario y social, desarrollando a la vez planes que afronten el estigma de la enfermedad psíquica y de la privación de libertad.

Porque si aún fueran casos puntuales, las instituciones tendrían excusa a la que agarrarse. Pero no. Todos los informes y estudios realizados en el Estado evidencian tanto la alta presencia en prisión de personas con enfermedad mental, y en situación de exclusión social, como de la falta de medidas para tratarlos. En Esen tienen claro que ese porcentaje “nos debe hacer reflexionar para impedir que los pacientes con menores recursos y más vulnerables caigan en las redes del sistema jurídico-penitenciario por una deficiente atención en la comunidad, por una mala defensa de sus derechos o porque, una vez en prisión, es imposible o se hace muy difícil su excarcelación por motivos de salud porque no existen sistemas adecuados de acogida en la comunidad”.

La realidad actual es la suma de viejos y recientes problemas: creciente uso y abuso de nuevas y antiguas drogas muy psicoactivas, una crisis económica crónica que desplaza a la marginación a amplias capas sociales, la llegada de inmigrantes adolescentes y jóvenes con situaciones personales muy vulnerables, desajustes administrativos en el sistema, la dificultad del abordaje de los trastornos de personalidad, la escasez de servicios de alojamiento y apoyo… Por eso, Esen tiene claro que hay que desarrollar programas sociosanitarios, educativos, residenciales, formativos, ocupacionales o terapéuticos dentro del ámbito comunitario, sin olvidar la implicación a fuego de Osakidetza.

Sobre esa base, las quince asociaciones que conforman la plataforma plantean nueve demandas: reforzar los programas existentes y aumentar las plazas de alojamiento y de atención sociosanitaria; centrarse en la atención a la persona y solventar los impedimentos administrativos; una atención de alta intensidad; potenciar el trabajo de coordinación con las entidades sociales; crear un catálogo de medidas y recursos de atención; la adaptación de los ámbitos judicial y sanitario a esta problemática; promover la atención en recursos comunitarios; considerarse las especificidades de asistencia de las personas extranjeras, mujeres y jóvenes, y robustecer la atención psiquiátrica y rehabilitadora dentro de la prisión.

Hace un año, el Ararteko ya se pronunció en ese sentido, pero fue más allá al reivindicar el traspaso de competencias carcelarias del Estado al Gobierno Vasco para, en ese marco, promover el diseño y la gestión de un modelo penitenciario propio.

¿Por qué tantas? El paso previo al de mejorar la atención en las cárceles a personas con problemas mentales sería extremar medidas para que no terminen allí sino en centros especiales. Las razones por las que tantas acaban en prisión son variadas: que no se detecte el trastorno en la tramitación del proceso, que no se consiga acreditar que éste constituyera una causa de inimputabilidad y la escasa aplicación de las medidas contempladas en el Código Penal en estos casos por la deficiente regulación legal.

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